En un movimiento que ha encendido el debate político y social en México, el Pleno del Senado ha dado luz verde a la eliminación de 13 fideicomisos pertenecientes al Poder Judicial. Esta decisión, que forma parte de una estrategia de recortes presupuestarios impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha desatado críticas y división no solo entre la oposición sino también dentro del propio partido en el poder, Morena.
Oposición Interna y Externa La controversia se profundizó cuando figuras prominentes de Morena, como la senadora Olga Sánchez Cordero, expresaron su disconformidad, argumentando que los fideicomisos representan logros laborales esenciales para los trabajadores del sector judicial. En una muestra de desacuerdo poco común, tanto Sánchez Cordero como el senador Alejandro Díaz Durán se destacaron por su defensa de los intereses de los trabajadores, preocupados por las repercusiones de esta medida.
Un Clima de Tensión Más allá de las paredes del Senado, la decisión ha agudizado las tensiones entre el brazo ejecutivo del gobierno y la judicatura. Si bien López Obrador ha reiterado que los recortes están destinados a eliminar excesos y privilegios en la alta esfera, los detractores acusan al ejecutivo de minar la independencia judicial y de sentar las bases para una reforma judicial aún más amplia y posiblemente invasiva.
Los trabajadores del Poder Judicial, cuyos intereses están en juego, no han permanecido en silencio. Las protestas se han sucedido en varias sedes judiciales, señalando la creciente preocupación de que los recortes puedan debilitar el sistema judicial y comprometer su funcionamiento y autonomía.
Conclusión La extinción de los 13 fideicomisos no es solo una medida económica, sino un reflejo de una lucha política y social más amplia en México. A medida que el país se prepara para lo que podría ser una reforma judicial significativa en el próximo sexenio, los ojos están puestos en la resistencia dentro y fuera del Senado y en las calles, donde los ciudadanos demandan respeto por la división de poderes y la protección de los derechos laborales.